Conferencia pronunciada en la presentación del libro Peatones de la historia del Baix Llobregat.
Deseo comenzar dando las gracias a la Asociación para la Memoria Histórica y Democrática del Bajo Llobregat por haberme invitado a compartir este momento con todos ustedes. Desde la lejanía, he sido un testigo privilegiado del nacimiento y de la trayectoria vital de esta asociación y, sobre todo, del inmenso trabajo realizado por su presidente, Francisco Ruiz Acevedo. Él y toda la junta directiva han depositado muchas ilusiones en el acto conmemorativo que hoy celebramos. Como historiador, y como conocedor de la personalidad de algunos de los protagonistas del libro Peatones de la Historia, quiero felicitar a todos los que de alguna manera han colaborado para rescatarlos del olvido al que injustamente parecían condenados. La lucha contra el olvido es la respuesta más civilizada que podemos dar a la historia falseada que nos transmitió el franquismo. Una historia que, como saben en carne propia muchos de los aquí presentes, durante cuarenta años premió con el honor y la gloria a los vencedores de la guerra civil y castigó con la represión y con el silencio a los vencidos. El discurso oficial de la dictadura sólo se acordaba de los rojos para acusarlos de criminales y para manchar su memoria. Para el franquismo, los demócratas y los izquierdistas eran unos elementos subversivos o unos individuos de “mala conducta y antecedentes” que lo único que se merecían era la condena pública, la cárcel o la muerte.
Para valorar la importancia que tiene para el conocimiento histórico el libro que hoy se presenta, hemos de comprender primero que cuando desaparezca la memoria de las personas que sufrieron la represión será imposible reconstruir la verdadera cara del franquismo. Si la dictadura intentó no dejar ni rastro de los asesinados por aplicación del bando de guerra, ya nos podemos imaginar el casi pleno vacío documental que existe sobre otras formas de represión que aparecen de forma descarnada en este libro, como los encarcelamientos, las torturas, la miseria, los despidos, el acoso moral o la humillación cotidiana. Por tanto, si toda esta tragedia y todo este dolor no se escribe, dentro de unos pocos años habrá desaparecido de la memoria colectiva y, por tanto, de la Historia, y será como si nunca hubieran ocurrido, con lo que el sufrimiento de las víctimas habrá sido en vano y no podremos extraer de él ninguna enseñanza. Sólo después de que se conozca sin miedo y sin tabúes lo que en realidad sucedió conseguiremos cicatrizar las heridas dejadas por el franquismo y sólo entonces tendrán sentido el perdón y la auténtica reconciliación. Difundir el verdadero rostro de la dictadura y compensar a las víctimas de la represión y a sus familiares, aunque sólo sea moral y simbólicamente, es lo único que pretende la recuperación de la memoria histórica. El acto que hoy se celebra es una reafirmación pública de los valores democráticos y no hay intención ni de resucitar el guerracivilismo ni de levantar rencores.
La II República Española corrió la misma suerte que los perdedores de la guerra civil. Fue injustamente condenada por la dictadura franquista y, a la vez, muchos de sus principios han sido injustamente olvidados por nuestro actual sistema político, que ha preferido encontrar su legitimidad democrática en otros referentes históricos más cercanos. La II República nació tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En estas elecciones las candidaturas monárquicas alcanzaron la victoria en las zonas rurales, que estaban controladas por los caciques. Sin embargo, las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada. A la luz de los resultados electorales, se sucedieron las manifestaciones con labandera tricolor, en varias ciudades se proclamó la República y en la tarde del día 14 los miembros del Comité Republicano tomaron posesión del Gobierno en Madrid. Por la noche, Alfonso XIII, consciente de que le faltaba el amor de su pueblo abandonó el país para evitar que lo derrocaran por la fuerza. El rey pagaba con el exilio el haber faltado a sus deberes constitucionales apoyando en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera y su posterior dictadura militar, que duró hasta 1930. Se iniciaba así, de forma esperanzadora y pacífica, y en medio del multitudinario entusiasmo popular, el primer régimen democrático de la historia de España y uno de los procesos reformistas más trascendentales del siglo XX. Por desgracia, la República tuvo que enfrentarse a graves problemas que condicionarían de manera funesta sus cinco años de existencia, entre ellos la fuga de capitales, su coincidencia con una etapa de recesión económica mundial por la crisis de 1929, el pago de las deudascontraídas por la dictadura de Primo de Rivera o el auge del nazismo y del fascismo en Europa.
Los primeros decretos y medidas legislativas del nuevo Gobierno republicano tuvieron un claro talante modernizador y progresista. Se instituyó la jornada laboral de 8 horas que sustituyó los horarios de trabajo de sol a sol, se aprobaron varios decretos agrarios que buscaban beneficiar a los jornaleros del sur de España, azotados por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o subsidios de desempleo, y se puso en marcha, con el impulso de Francesc Maciá, presidente de la restaurada Generalitat, el Estatuto provisional de autonomía de Cataluña, que fue refrendado por una amplia mayoría de votantes en una consulta electoral en agosto de 1931.
Pero donde las esencias del espíritu democrático y republicano se respiraban en su plenitud era en los 125 artíc ulos de la Constitución de 1931, que se convirtió en una de las más avanzadas de su época. En ella, por ejemplo, por primera vez se otorgaba a la mujer el derecho al voto y se le concedía la igualdad jurídica con el varón. También se estableció el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos entre hijos legítimos e ilegítimos. Unas de las mayores novedades introducidas por la Constitución fueron, por un lado, la posibilidad de que un conjunto de provincias pudieran constituirse en región autónoma mediante un estatuto aprobado por las Cortes españolas y, por otro, el establecimiento de la separación de la Iglesia y el Estado y la proclamación de la libertad de conciencia y de cultos. Aunque durante la República se iniciaron reformas en el ámbito militar, social, laboral o agrario, uno de los mayores esfuerzos se concentró en el ámbito educativo. Así, entre 1932 y 1933 se construyeron 6.570 nuevas escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestro. Se adoptó un modelo de escuela única, gratuita, pública, obligatoria, laica y mixta, de manera que se imponía la coeducación de niños y niñas.
La República estuvo en manos de gobiernos republicano-socialistas durante sus tres primeros años de existencia y controlada por gobiernos conservadores y derechistas otros dos, hasta que en las elecciones del 16 de febrero de 1936 triunfó una coalición de partidos republicanos y de izquierda llamada Frente Popular. Bajo la presidencia de Manuel Azaña, se formó entonces un Gobierno compuesto en exclusiva por ministros republicanos y sin participación de socialistas o comunistas. Su programa era reformista y nada revolucionario, en contra de lo que luego afirmó la propaganda franquista para justificar el golpe de estado. El clima social se enrareció durante el gobierno frentepopulista, pero las huelgas, los conflictos sociales o los asesinatos cometidos por los extremistas no causaron la guerra civil, aunque éste también fuera otro de los pretextos usados por el franquismo para justificar la sublevación. La única causa de la guerra fue el golpe de estado de un sector del ejército en contra de la República, un régimen legal y democrático a pesar de sus limitaciones y defectos. Sin ese golpe se hubieran o no continuado viviendo todas las huelgas posibles y todas las situaciones tensas imaginables, pero nunca habría empezado una guerra entre españoles. Porque si entramos en el peligroso camino de justificar o explicar los golpes de estado por razones de conflictividad, o consideramos que los golpes de estado son algo así como la continuidad lógica de épocas de inestabilidad o de transición política, habría que darle toda la razón del mundo al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero cuando en 1981 se
levantó en armas para intentar acabar con una situación muy similar a la que se había vivido en los años de la República.
La conjura contra la República casi había sido ultimada a comienzos del mes de julio de 1936 y consistía en un levantamiento simultáneo de todas las guarniciones militares comprometidas. El general Emilio Mola era el director de la conspiración castrense y en la trama civil se mezclaban carlistas, falangistas y monárquicos. Buena parte de los militares implicados en el golpe eran “africanistas”. Se les llamó de esta manera porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del ejército español y profundamente anticomunistas (a pesar de que el partido comunista era muy minoritario en aquel momento en España y sólo tenía 17 diputados de los 473 que componían el Congreso), estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.
Son bastante conocidos los numeroso documentos que desde antes de la rebelión circulaban entre los conjurados para preparar la insurrección militar y para implantar el terror, ya que sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles. Por ejemplo, el general Emilio Mola, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936 les advertía lo siguiente: “La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. En la misma línea, el 30 de junio, el también golpista general Yagüe aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Esta violencia se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares golpistas asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar para conseguir el triunfo en toda España.
La resistencia de los militares fieles a la legalidad republicana, de los sindicatos y de las organizaciones frentepopulistas hizo fracasar el golpe de estado en amplias zonas de España, como ocurrió en Barcelona. Aquí, Lluis Companys, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y presidente autonómico catalán, trató de evitar la entrega de armas a los obreros en la tarde del 18 de julio, pero los anarquistas de la CNT consiguieron asaltar varios arsenales. El 19 por la mañana los obreros hicieron frente a las columnas rebeldes que llegaban al centro de la ciudad, y por la tarde ya sólo resistían el cuartel de San Andrés en las afueras y el cuartel de las Atarazanas en el Puerto, pero los dos sucumbieron al ataque de las milicias y de las fuerzas leales de la Guardia Civil y de Asalto, con lo que quedó sofocada por completo la rebelión y se aseguró que toda Cataluña se mantuviera leal a la República. En lo que respecta a Cataluña, hay que señalar que la guerra civil no fue una guerra entre Cataluña y España, sino entre republicanos y fascistas, exactamente igual que en el resto del Estado. No debemos olvidar que mientras republicanos andaluces, madrileños o extremeños murieron en los frentes de Cataluña y del resto de España defendiendo la República y la Generalitat, la derecha catalana apoyó el golpe militar y la dictadura franquista. El presidente del Gremio de Fabricantes de Sabadell, Manuel Gorina, con motivo de la visita de Franco a la ciudad en 1942, decía que “después de Dios es al Generalísimo Franco y a su valeroso ejército a quien debemos la terminación de nuestro cautiverio, la conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio industrial”.
La República estuvo en manos de gobiernos republicano-socialistas durante sus tres primeros años de existencia y controlada por gobiernos conservadores y derechistas otros dos, hasta que en las elecciones del 16 de febrero de 1936 triunfó una coalición de partidos republicanos y de izquierda llamada Frente Popular. Bajo la presidencia de Manuel Azaña, se formó entonces un Gobierno compuesto en exclusiva por ministros republicanos y sin participación de socialistas o comunistas. Su programa era reformista y nada revolucionario, en contra de lo que luego afirmó la propaganda franquista para justificar el golpe de estado. El clima social se enrareció durante el gobierno frentepopulista, pero las huelgas, los conflictos sociales o los asesinatos cometidos por los extremistas no causaron la guerra civil, aunque éste también fuera otro de los pretextos usados por el franquismo para justificar la sublevación. La única causa de la guerra fue el golpe de estado de un sector del ejército en contra de la República, un régimen legal y democrático a pesar de sus limitaciones y defectos. Sin ese golpe se hubieran o no continuado viviendo todas las huelgas posibles y todas las situaciones tensas imaginables, pero nunca habría empezado una guerra entre españoles. Porque si entramos en el peligroso camino de justificar o explicar los golpes de estado por razones de conflictividad, o consideramos que los golpes de estado son algo así como la continuidad lógica de épocas de inestabilidad o de transición política, habría que darle toda la razón del mundo al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero cuando en 1981 se
levantó en armas para intentar acabar con una situación muy similar a la que se había vivido en los años de la República.
La conjura contra la República casi había sido ultimada a comienzos del mes de julio de 1936 y consistía en un levantamiento simultáneo de todas las guarniciones militares comprometidas. El general Emilio Mola era el director de la conspiración castrense y en la trama civil se mezclaban carlistas, falangistas y monárquicos. Buena parte de los militares implicados en el golpe eran “africanistas”. Se les llamó de esta manera porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del ejército español y profundamente anticomunistas (a pesar de que el partido comunista era muy minoritario en aquel momento en España y sólo tenía 17 diputados de los 473 que componían el Congreso), estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.
Son bastante conocidos los numeroso documentos que desde antes de la rebelión circulaban entre los conjurados para preparar la insurrección militar y para implantar el terror, ya que sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles. Por ejemplo, el general Emilio Mola, en una “instrucción reservada” enviada a los demás conspiradores el 25 de mayo de 1936 les advertía lo siguiente: “La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. En la misma línea, el 30 de junio, el también golpista general Yagüe aludía en sus documentos a “eliminar los elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.”. Esta violencia se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había llegado aún a la Península, los militares golpistas asesinaron a 189 personas en las posesiones españolas en Marruecos, anticipando el método que iban a aplicar para conseguir el triunfo en toda España.
La resistencia de los militares fieles a la legalidad republicana, de los sindicatos y de las organizaciones frentepopulistas hizo fracasar el golpe de estado en amplias zonas de España, como ocurrió en Barcelona. Aquí, Lluis Companys, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y presidente autonómico catalán, trató de evitar la entrega de armas a los obreros en la tarde del 18 de julio, pero los anarquistas de la CNT consiguieron asaltar varios arsenales. El 19 por la mañana los obreros hicieron frente a las columnas rebeldes que llegaban al centro de la ciudad, y por la tarde ya sólo resistían el cuartel de San Andrés en las afueras y el cuartel de las Atarazanas en el Puerto, pero los dos sucumbieron al ataque de las milicias y de las fuerzas leales de la Guardia Civil y de Asalto, con lo que quedó sofocada por completo la rebelión y se aseguró que toda Cataluña se mantuviera leal a la República. En lo que respecta a Cataluña, hay que señalar que la guerra civil no fue una guerra entre Cataluña y España, sino entre republicanos y fascistas, exactamente igual que en el resto del Estado. No debemos olvidar que mientras republicanos andaluces, madrileños o extremeños murieron en los frentes de Cataluña y del resto de España defendiendo la República y la Generalitat, la derecha catalana apoyó el golpe militar y la dictadura franquista. El presidente del Gremio de Fabricantes de Sabadell, Manuel Gorina, con motivo de la visita de Franco a la ciudad en 1942, decía que “después de Dios es al Generalísimo Franco y a su valeroso ejército a quien debemos la terminación de nuestro cautiverio, la conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio industrial”.
En la zona de España que quedó bajo el dominio de los sublevados se desató una terrible rep esión física que consistió en la eliminación de miles de personas sin que en la inmensa mayoría de las ocasiones se arbitraran consejos de guerra u otros mecanismos con apariencia legal que justificaran las violencias. Fue el periodo de lo que el historiador Julián Casanova ha denominado “terror caliente”, que permitió cumplir el mandato del general Mola de eliminar “sin escrúpulo ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. Desde luego, voceros de la sangre no faltarían entre los mandos militares golpistas en aquellos primeros días de la contienda. El general Franco, en su bando de guerra del 18 de julio, exigía “inexcusablemente que los castigos sean ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días después, en una entrevista periodística, respondió que estaba dispuesto a conseguir sus objetivos “al precio que sea”, aunque tuviera que fusilar a media España. La llamada a la violencia fue tan descarada y grosera que el día 23 de julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, el general Queipo de Llano manifestaba: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.
La represión se convirtió en la mejor arma de dominación y de control social por parte de los golpistas y en una garantía de supervivencia para la dictadura de Franco. Fue una medida programada, que se aplicó con el empuje y la intervención directa de las autoridades militares y que tuvo una clara voluntad de exterminio físico, social, político e ideológico de aquellos que para los sublevados representaban la “anti patria”. Nunca llegaremos a saber el verdadero alcance numérico de la represión franquista, ya que muchos de los republicanos asesinados se convirtieron en desaparecidos, pues no se inscribieron nunca en los registros civiles o se registraron falseando la causa de la muerte, como ocurriría en el caso de Lluis Companys, que fue detenido en Bélgica por los nazis y entregado a las autoridades franquistas, quienes lo fusilaron en Barcelona en 1940 tras un juicio sumarísimo. Su certificado de defunción dice simplemente que murió de una “hemorragia interna traumática”.
Aunque la represión republicana y la represión franquista son igual de condenables, hay una diferencia fundamental entre una y otra. Mientras en la zona franquista la violencia fue ejecutada y alentada desde arriba, desde los mismos centros del poder, en la zona republicana la represión fue consecuencia en gran medida del descontrol revolucionario y muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos. El presidente de la República, Manuel Azaña, dedicó varios de sus discursos al tema de la violencia, y ha quedado especialmente para la historia uno que pronunció en el ayuntamiento de Barcelona, el 18 de julio de 1938, en el que invocaba “paz, piedad y perdón”. Otros líderes republicanos como el socialista Indalecio Prieto, el presidente del Gobierno Juan Negrín o el ex ministro anarquista Joan Peiró (luego fusilado por Franco) también intentaron limitar el terror. Durante los primeros meses de la guerra, la Generalitat catalana dio pasaportes y permisos de salida para el extranjero a miles de personas de derechas para que no las asesinaran y llegó incluso a facilitar un pasaporte falso si la persona era conocida y corría especial peligro. De Barcelona salían barcos enteros, franceses e italianos sobre todo, pero también de otras nacionalidades, para evacuar a personas amenazadas. Según los archivos del consulado español en Génova, el 28 de agosto de 1936 ya habían desembarcado allí 11.840 prófugos derechistas procedentes de España. En cuanto al consulado francés, una publicación oficial de después de la guerra enumeraba nominalmente 6.630 personas evacuadas en barcos franceses, sin contar las que salieron en avión, ferrocarril y carretera. Entre ellas había 2.142 religiosas y 868 niños, además de generales, jefes y oficiales del ejército, altos funcionarios, políticos significados, sacerdotes, familiares, etc. Por desgracia, las autoridades catalanas que más se habían señalado en la evacuación de las personas en peligro tuvieron que huir para no ser
víctima ellas también de los anarquistas y de otros incontrolados, como el consejero de Interior de los primeros meses, Josep Espanya i Sirat, el consejero de Cultura Ventura Gassol, el comisario de Orden Público Frederic Escofet i Alsina, o el fundador de la Unió Democràtica de Cataluña, Manuel Carrasco i Formiguera, quien fue apresado por los franquistas y fusilado en abril de 1938 en Burgos.
víctima ellas también de los anarquistas y de otros incontrolados, como el consejero de Interior de los primeros meses, Josep Espanya i Sirat, el consejero de Cultura Ventura Gassol, el comisario de Orden Público Frederic Escofet i Alsina, o el fundador de la Unió Democràtica de Cataluña, Manuel Carrasco i Formiguera, quien fue apresado por los franquistas y fusilado en abril de 1938 en Burgos.
En la posguerra, “cautivo y desarmado el ejército rojo”, continuó la estrategia represiva que los sublevados habían iniciado al comienzo de la contienda, pues la represión y el terror se convirtieron en el pilar fundamental del nuevo Estado. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como “la política de la venganza”, que se materializó en campos de concentración, batallones de trabajo, consejos de guerra, fusilamientos, etc. El régimen totalitario olvidó el lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer y, en consecuencia, no hubo ni amnistía ni perdón ni reconciliación. A los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por “adhesión a la rebelión”, en una macabra “justicia al revés” con la que los rebeldes castigaban a los que se habían mantenido fieles a la legalidad democrática republicana. El golpe de estado de 1936 fue, además de ilegítimo, ilegal, pues según la Constitución de 1931 los jefes militares sólo podían declarar el estado de guerra por decreto del Gobierno, por lo que toda la legislación posterior y las sentencias de los consejos de guerra son nulas de origen y ajenas al mundo del derecho. Los juicios se realizaron sin garantías para los acusados. Los tribunales no eran independientes pues los nombraba el Gobierno y estaban formados por militares. La instrucción del procedimiento se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas.
Franco impuso un Estado militarista, católico, totalitario y centralista. Obsesionado por lo que llamaba el “peligro separatista”, todo sentimiento nacional que no fuese español fue perseguido, por lo que se prohibieron los símbolos nacionalistas y el uso público de las lenguas distintas al castellano y se suprimieron los órganos de autogobierno de las autonomías. La respuesta oficial del Estado franquista respecto a las ansias nacionalistas de Cataluña y el País Vasco había quedado bien clara en la magna celebración del Día de la Raza, el 12 de octubre de 1936, en la Universidad de Salamanca. Allí, en un acto público y multitudinario, el catedrático Francisco Maldonado de Guevara manifestó: “Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos cortando en la carne viva como un cirujano resuelto”. El filósofo y rector Miguel de Unamuno, que presidía el acto, intentó contestar con un discurso improvisado en el que habló de guerra incivil y de que vencer no es convencer, lo que motivó una rápida respuesta del jefe del Departamento de Prensa y Propaganda del Caudillo, el general legionario mutilado Millán Astray, que gritó las célebres frases de ¡ Viva la muerte! y ¡Mueran los intelectuales! En la misma línea, el ministro de Interior de Franco durante la guerra, Ramón Serrano Suñer, también consideraba “una enfermedad” el nacionalismo catalán. Cuando las tropas franquistas conquistaron Tarragona a mediados de enero de 1939, se celebró en la catedral una ceremonia religiosa. Durante el sermón, el sacerdote oficiante, José Artero, que era canónigo de la catedral de Salamanca, se dejó llevar por la emoción hasta el punto de decir: ¡Perros catalanes! No sois dignos del sol que os alumbra”. El desfile oficial de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, a finales de enero de 1939, estuvo encabezado por las tropas navarras del general José Solchaga Zala. Según el agregado militar británico en Burgos, se les concedió este honor “no porque hayan combatido mejor sino porque son los que saben odiar mejor. Especialmente cuando el objeto de su odio es Cataluña o un catalán”. El hombre a quien Franco nombró gobernador civil de Barcelona tras la ocupación, Wenceslao González Ontiveros, proclamaba que “España se alzó, con tanto o mayor fiereza contra los estatutos desmembradores que contra el comunismo” y que cualquier tolerancia con el regionalismo llevaría otra vez al “mismo proceso de putrefacción que acabamos de extirpar quirúrgicamente”.
La dictadura de Franco fue larga y sangrienta, y las cifras de la barbarie lo demuestran. Se calcula que unos 100.000 republicanos cayeron asesinados durante la guerra, a los que hay que añadir otros 35.000 fusilados en los diez años que siguieron al final de la contienda en las 33 provincias ya contabilizadas, aunque nos quedan por conocer los datos del resto. Unos 200.000 españoles tuvieron que huir hacia el exilio permanente y varios miles cayeron en Francia en las garras de los nazis. A muchos los obligaron a trabajar para el esfuerzo bélico alemán. Aproximadamente 4.000, de los que sólo sobrevivieron 59, fueron trasladados a las Islas de Canal de la Mancha para construir fortificaciones. Otros 15.000 acabaron internados en los campos de exterminio, de los que murieron la mitad. Sólo en el campo de Mauthausen fallecieron 4.781. El Gobierno de Franco y en especial su cuñado y ministro de Interior, Serrano Suñer, se desentendieron de la suerte de los españoles capturados por los nazis, algunos de ellos menores de edad, y no realizaron gestiones para que se les diera el estatus de prisioneros de guerra o para que se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.
Dentro de España, alrededor de medio millón de presos se amontonaban en las cárceles y en los campos de concentración en 1939. En algunos meses de ese mismo año en la prisión Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 reclusos cuando su capacidad era para 528. En la cárcel Modelo de Barcelona se hacinaban 10.000 presos y, como ya no cabían más, hubo que habilitar un antiguo correccional adosado a la cárcel y nuevos locales que incluían las naves de una fábrica de Pueblo Nuevo en las afueras de la ciudad. En cuanto a las mujeres, en 1940 había en España unas 20.000 presas políticas, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen. En Barcelona, la cárcel de Les Corts, con capacidad para 100 prisioneras, tenía una población reclusa cercana a las 2.000. En la junta de disciplina de la cárcel ejercía como administradora la monja sor Felipa García Sánchez, hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, la congregación que estaba al cargo de de los servicios de administración, cocina y despensa de varias cárceles de mujeres. Sor Felipa se enorgullecía de la disciplina que imperaba en la cárcel, aunque para lograrlo hubiera que prohibir a las reclusas recibir paquetes, la comunicación con el exterior o castigarlas con los trabajos más duros. Muchos hijos de mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres, entonces quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya tutela había 10.675niños en 1943.
En 1940 quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el ministerio de Justicia, y alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. A muchos los sometieron a trabajos forzados en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, en las colonias penitenciarias y en los destacamentos penales. Los presos no sólo sufrían las condiciones lamentables de las infraestructuras carcelarias (hacinamiento, falta de higiene, comida escasa, etc.), sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta. De hambre y epidemias murieron, según los datos que disponemos de 13 provincias, 4.633 presos en la posguerra. Sólo en las cárceles de Córdoba capital fallecieron 502 personas en 1941. Por supuesto, los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades. Además la política penitenciaria del franquismo fomentó, como una forma más de castigo, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que les impedía el contacto con sus familias.
El sistema represivo procesal franquista, consistente en la multiplicación de órganos urisdiccionales especiales, continuó durante toda la dictadura convertido en un terror institucionalizado que violó sistemáticamente los derechos humanos. Como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que castigaba con perdida de bienes, inhabilitación o destierros a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana, se abrieron unos 325.000 expedientes sancionadores. Aplicando esta ley, al músico Pau Casals, según recoge textualmente la causa judicial, le impusieron una multa de 250.000 pesetas por “separatista”, por haber huido al extranjero y por haber dado conciertos para las “milicias rojas”. Cuando se derogaba una ley, una nueva normativa represora sustituía a la anterior. La Ley de Seguridad del Estado de 1941 fue sustituida por la ley de represión del bandidaje y el terrorismo de 1947. El tribunal especial establecido por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 tuvo mayor continuidad, hasta que parte de sus atribuciones fueron asumidas por el Tribunal de Orden Público, disuelto finalmente en 1977, y del que nos podrían contar bastante algunos de los que han asistido hoy a este acto. La Brigada Político Social realizaba las diligencias, sin que se facilitara asistencia letrada o médica a los detenidos, en lugares que triste memoria para los antifranquistas, como la comisaría de Policía de la Via Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid.
Dentro de España, alrededor de medio millón de presos se amontonaban en las cárceles y en los campos de concentración en 1939. En algunos meses de ese mismo año en la prisión Modelo de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 reclusos cuando su capacidad era para 528. En la cárcel Modelo de Barcelona se hacinaban 10.000 presos y, como ya no cabían más, hubo que habilitar un antiguo correccional adosado a la cárcel y nuevos locales que incluían las naves de una fábrica de Pueblo Nuevo en las afueras de la ciudad. En cuanto a las mujeres, en 1940 había en España unas 20.000 presas políticas, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen. En Barcelona, la cárcel de Les Corts, con capacidad para 100 prisioneras, tenía una población reclusa cercana a las 2.000. En la junta de disciplina de la cárcel ejercía como administradora la monja sor Felipa García Sánchez, hermana de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, la congregación que estaba al cargo de de los servicios de administración, cocina y despensa de varias cárceles de mujeres. Sor Felipa se enorgullecía de la disciplina que imperaba en la cárcel, aunque para lograrlo hubiera que prohibir a las reclusas recibir paquetes, la comunicación con el exterior o castigarlas con los trabajos más duros. Muchos hijos de mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin consentimiento de sus progenitores, quienes ya perdieron su custodia para siempre. Al cumplir los 4 años los niños eran sacados de las prisiones y separados de sus madres, entonces quedaban en manos de los centros de asistencia y de las escuelas religiosas controladas por el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya tutela había 10.675niños en 1943.
En 1940 quedaban en las cárceles españolas 270.719 presos según los datos aportados por el ministerio de Justicia, y alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. A muchos los sometieron a trabajos forzados en batallones disciplinarios de soldados trabajadores, en las colonias penitenciarias y en los destacamentos penales. Los presos no sólo sufrían las condiciones lamentables de las infraestructuras carcelarias (hacinamiento, falta de higiene, comida escasa, etc.), sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más absoluta. De hambre y epidemias murieron, según los datos que disponemos de 13 provincias, 4.633 presos en la posguerra. Sólo en las cárceles de Córdoba capital fallecieron 502 personas en 1941. Por supuesto, los derechos humanos y las convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la mente de las autoridades. Además la política penitenciaria del franquismo fomentó, como una forma más de castigo, que los reclusos cumplieran sus penas a cientos de kilómetros de su domicilio, lo que les impedía el contacto con sus familias.
El sistema represivo procesal franquista, consistente en la multiplicación de órganos urisdiccionales especiales, continuó durante toda la dictadura convertido en un terror institucionalizado que violó sistemáticamente los derechos humanos. Como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que castigaba con perdida de bienes, inhabilitación o destierros a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana, se abrieron unos 325.000 expedientes sancionadores. Aplicando esta ley, al músico Pau Casals, según recoge textualmente la causa judicial, le impusieron una multa de 250.000 pesetas por “separatista”, por haber huido al extranjero y por haber dado conciertos para las “milicias rojas”. Cuando se derogaba una ley, una nueva normativa represora sustituía a la anterior. La Ley de Seguridad del Estado de 1941 fue sustituida por la ley de represión del bandidaje y el terrorismo de 1947. El tribunal especial establecido por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940 tuvo mayor continuidad, hasta que parte de sus atribuciones fueron asumidas por el Tribunal de Orden Público, disuelto finalmente en 1977, y del que nos podrían contar bastante algunos de los que han asistido hoy a este acto. La Brigada Político Social realizaba las diligencias, sin que se facilitara asistencia letrada o médica a los detenidos, en lugares que triste memoria para los antifranquistas, como la comisaría de Policía de la Via Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid.
La posguerra española también se caracterizó por los años de hambre y por una nefasta política económica autárquica impuesta por el régimen. Desde el 14 de mayo de 1939 hasta 1951 se estableció la cartilla de racionamiento para adquirir los productos de primera necesidad. El sobrevivir resultó casi imposible para los vencidos, ya que los ciudadanos dependían de la burocracia franquista para sus actividades cotidianas. Encontrar trabajo, viajar o cambiar de residencia resultaba imposible si no se disponía de un salvoconducto o de un informe de buena conducta y de ser adicto al Glorioso Movimiento Nacional. Las familias republicanas, con los varones muertos o en las cárceles, quedaron en muchos casos desamparadas, sobreviviendo gracias a la mendicidad, a la caridad del Auxilio Social o al trabajo de las mujeres y de los niños a cambio de jornales de miseria. Con los sindicatos aplastados y sus locales incautados, y con el derecho de asociación y la huelga prohibidos, poco margen quedaba para la protesta económica o laboral. Los salarios se mantuvieron al mismo nivel de antes de la guerra durante toda la década de los cuarenta mientras los precios crecían un 13% de media cada año. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, el coste de la vida se multiplicó por 5,4 entre 1936 y 1950. La renta per cápita de los españoles apenas progresó hasta 1950 y los niveles de producción industrial de 1936 no se alcanzaron hasta 1952. En el campo, en 1950 los jornales se situaban todavía en el 60% del nivel de 1936. Es falsa la teoría de que el franquismo trajo la modernización económica a España, lo que hizo fue retrasarla. Así, en 1936 España tenía el PIB per cápita de Italia. En 1975, cuando el dictador murió, España sólo tenía el 70 % del PIB per cápita italiano.
Después de todos los miles de libros que se han editado tras la muerte de Franco, avalados por las investigaciones de los historiadores más solventes, parece que el conocimiento de lo que fue la dictadura no ha llegado plenamente a la sociedad y, menos aún, a las escuelas. Este desconocimiento es lo que quizás explique que todavía haya quien opine que para superar los acontecimientos y las heridas de la guerra civil y del franquismo es necesario recuperar a la vez la memoria histórica de los vencedores y la de los vencidos. Es verdad que los muertos y el dolor de las familias de unos y de otros merecen el mismo respeto por elementales razones humanitarias, pero quienes hablan de recuperar las dos memorias quizás desconozcan que una de ellas, la de los vencedores, ya está más que recuperada porque la dictadura se dedicó a ello durante cuarenta años.
Después de todos los miles de libros que se han editado tras la muerte de Franco, avalados por las investigaciones de los historiadores más solventes, parece que el conocimiento de lo que fue la dictadura no ha llegado plenamente a la sociedad y, menos aún, a las escuelas. Este desconocimiento es lo que quizás explique que todavía haya quien opine que para superar los acontecimientos y las heridas de la guerra civil y del franquismo es necesario recuperar a la vez la memoria histórica de los vencedores y la de los vencidos. Es verdad que los muertos y el dolor de las familias de unos y de otros merecen el mismo respeto por elementales razones humanitarias, pero quienes hablan de recuperar las dos memorias quizás desconozcan que una de ellas, la de los vencedores, ya está más que recuperada porque la dictadura se dedicó a ello durante cuarenta años.
Ya en 1940 el Ministerio de Justicia decretó la creación de la llamada “Causa General”, con el fin de recoger por escrito la represión causada por los “rojos”. De los derechistas asesinados, muertos en combate o fieles colaboradores del régimen conocemos su identidad ya que se anotaron en los registros civiles como muertos “gloriosamente por Dios y por España” y sus nombres se inscribieron en las lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las iglesias, en los informes oficiales y en los libros de Historia; y algunos todavía permanecen en la nomenclatura de las calles de muchos pueblos y ciudades de España. Sus familiares, al igual que los ex combatientes, los ex cautivos y los soldados mutilados pudieron cobrar pensiones y el Estado les reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la Administración pública. Asimismo, las víctimas de derechas recibieron honores y distinciones y se celebraron misas y funerales en su memoria, pues la Iglesia había bendecido la guerra como una cruzada religiosa y calificó a Franco como “cristiano ejemplar” o como “hijo de Dios hecho Caudillo”.
Mientras durante el franquismo se honraba y se recuperaba la memoria de los “mártires de la cruzada” y de los que habían apoyado el golpe de Estado, la memoria de los demócratas y de los que habían permanecido fieles a la legalidad republicana permanecía en el olvido, escondida en archivos militares todavía hoy en gran medida inaccesibles, o esa memoria sólo existía para mancharla y denigrarla. En los casi treinta años que llevamos de sistema democrático queda aún mucho que recuperar de la historia de los vencidos. Por ello, sorprende que ahora haya que pedir casi perdón por cualquier mínimo intento no ya de hacer justicia histórica, sino de descubrir los nombres de las víctimas de la represión franquista, recuperar sus restos de las fosas comunes o reconstruir su pasado. Si en Alemania a nadie que investigue la historia de las víctimas del nazismo se le exige que para ello tenga también que recuperar la memoria histórica de los propios nazis, no se entiende porqué en España tenemos que ser diferentes y aquí haya que medir por el mismo rasero a los que defendieron la legalidad democrática y a los que apoyaron el golpe de estado, o poner en el mismo nivel político el fascismo y el antifascismo, como si ambas ideologías hubieran sido iguales. Este igualitarismo no sólo es una manipulación de la historia, sino también una indignidad moral hacia los que sufrieron durante casi cuarenta años la dictadura y la represión.
Deseo finalizar mi intervención con unas palabras de agradecimiento a todos los que habéis venido a este acto, pero en especial quiero dar las gracias a todos los que fuisteispeatones de la historia del Bajo Llobregat. Gracias a los que en los años negros del franquismo estuvisteis en la lucha sindical, política y vecinal, a los que sufristeis despidos, detenciones, torturas, cárceles y multas o fuisteis golpeados por los largos tentáculos de la represión. Gracias a los que trabajasteis en cuerpo y alma por conseguir una sociedad más justa, pacífica y solidaria y a los que en el pasado luchasteis contra la dictadura para que la democracia pudiera ser una realidad en nuestro presente. Gracias a los que fuisteis capaces de renunciar a algunos de vuestros ideales para que la reconciliación fuera posible y a los que en algún momento os habéis sentido desilusionados porque habéis creído, aunque opino que equivocadamente, que vuestra lucha no ha servido para nada. Gracias a los que habéis soportado con dignidad que las instituciones democráticas os hayan tenido tantos años olvidados o no hayan sido capaces de reconocer de manera justa vuestro esfuerzo por traernos las libertades. Gracias, en definitiva, por habernos dado tanto y a cambio habernos pedido tan poco.
Muchas gracias.
Patronat Cultural y Recreatiu de Cornellá de Llobregat
4 de noviembre de 2006
Muchas gracias.
Patronat Cultural y Recreatiu de Cornellá de Llobregat
4 de noviembre de 2006
Por Arcángel Bedmar
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